2.1. La entrada en vigor de las diferentes legislaciones

  Las Leyes de Accesibilidad se insertan dentro del marco normativo de la Constitución de 1978, que en sus artículos 9.2 y 14, establecen la obligación con respecto a los poderes públicos de fomentar la igualdad y el desarrollo individual de la persona dentro de la esfera política, económica y social.

    De este mandato constitucional se promulgó la Ley de Integración Social de los Minusválidos en 1982, según la cual, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, aprobarán las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas que contengan las condiciones a las que han de ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios en los que serán de aplicación y el procedimiento de autorización, control y sanción a fin de que resulten accesibles.

    Las leyes de Accesibilidad de las diferentes Comunidades Autónomas han ido cumpliendo y desarrollando la obligación anteriormente citada desde 1987 a 2000, por la vía del artículo 148 de la Constitución Española. En el estudio de la cronología de las leyes autonómicas encontramos dos momentos claramente diferenciados:

·                Elaboración en primer lugar de Decretos de Accesibilidad.

    El País Vasco fue una de las primeras Comunidades Autónomas que desarrolló dos Decretos sectoriales. El primero, en 1981, sobre Supresión de barreras urbanísticas, y el segundo en 1983, sobre Supresión de barreras arquitectónicas. A continuación le siguieron los Decretos de Murcia, en 1987 y los de Valencia y la Rioja, en 1988 que recogían una serie de parámetros mínimos. En 1990, Cantabria desarrolló también su Decreto y por último Andalucía, que todavía hoy continúa sin elaborar su correspondiente ley.

    El desarrollo inicial de la idea de una accesibilidad para todos fue aceptada con reservas. Consecuencia de ello fue enmarcarlos en primer lugar dentro de la figura normativa de los reglamentos.

·                Elaboración en segundo lugar de Leyes de Accesibilidad.

    Navarra fue pionera en este campo (1988). Incluyó la obligación, en el marco de una ley, de hacer accesibles sus calles y edificios públicos y desarrolló al año siguiente su correspondiente reglamento. Actualmente, estas dos normativas continúan en vigor, aunque han quedado superadas por otras legislaciones autonómicas posteriores. En 1991, Cataluña fue la que imprimiría un tipo de estructura a su ley de accesibilidad que seguiría el resto de la normativa autonómica. La estructura básica está compuesta por epígrafes sectoriales ( urbanismo, edificación, transporte y comunicación sensorial.), junto a otros epígrafes que desarrollan unas figuras normativas denominadas “Consejo para la Promoción de la Accesibilidad” y el “Fondo para la Supresión de Barreras”. Las leyes de accesibilidad de Madrid y Baleares (1993), Murcia y Castilla la Mancha (1994) Asturias y Canarias (1995), Cantabria (1996), Extremadura, Galicia, País Vasco y Aragón (1997) y Valencia y Castilla y León (1998) recogerían la estructura anteriormente citada.

    El contenido de esta estructura, en las diferentes legislaciones, no es homogéneo, aunque hay algunos conceptos en los cuales se vislumbra la gran influencia de la ley Catalana en las siguientes leyes de accesibilidad autonómicas. Desde 1982 hasta 1993, a pesar de la relevancia de este tema, el marco normativo desarrollado por parte de las Comunidades Autónomas sigue siendo poco adecuado.

    Desde 1993 hasta 1998, se toma conciencia de la necesidad de dotar de un marco normativo superior (la ley) para dar la protección efectiva al derecho de integración social de la persona con disminución,  tal y como lo reconoce el preámbulo de la ley 3/97 de Aragón que dice:

    “Se hace precisa una norma de rango legal que, por su mayor alcance, permita establecer un marco general en nuestro ordenamiento para articular un conjunto de disposiciones encaminadas a realizar una efectiva integración de aquellas personas a las que primordialmente va dirigida la norma”

    De esta manera, se promulgan leyes de accesibilidad, seguidas en pocos años, de sus respectivos reglamentos de desarrollo. Este es el caso de las Comunidades de Cataluña, Baleares, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y Aragón. Un caso especial son las Comunidades de Asturias, Castilla y León y Madrid, que tiene desarrollada sus leyes de Accesibilidad pero todavía no han desarrollado sus correspondientes reglamentos.

2.2 Estructura básica común de las leyes autonómicas de accesibilidad

    Todas las leyes autonómicas de accesibilidad, como hemos señalado antes, contienen la misma estructura básica común dividida en epígrafes. Estos epígrafes, a su vez, se clasifican en dos grupos:

·         Urbanismo

·         Edificación

·         Transporte

·         Comunicación Sensorial.

Otros epígrafes:

·         Consejo para la Promoción de la Accesibilidad.

·         Foro para la Supresión de Barreras.

Es conveniente subrayar que la denominación de los epígrafes anteriores es la más común, y que, aunque algunas leyes autonómicas lo denominen de otra manera, la función y la estructura es semejante.

La primera de las leyes que recoge esta estructura básica, como hemos subrayado, fue la de Cataluña (1991), y aunque en su preámbulo no explica el motivo del orden de sus Títulos, lo cierto es que las leyes posteriores a esta ley, recogen en mayor o menor medida todos los epígrafes y la estructura anteriormente citada.

2.2.1. Epígrafes sectoriales

·         URBANISMO:

Las normas establecidas en las leyes autonómicas de accesibilidad son de obligado cumplimiento en:

a)     Las obras de nueva construcción: Dentro de estas obras las normas técnicas de accesibilidad se aplican a:

-   Los elementos urbanos (vados, itinerarios peatonales)

-   El mobiliario urbano (papeleras, bancos, marquesinas).

      b) Las obras de reforma y rehabilitación.

    Las leyes también contemplan la elaboración, por parte de las administraciones públicas, en especial a los entes locales, de los Planes Especiales de Actuación. Este apartado, en el siguiente capítulo, se desarrollará ampliamente.

    Respecto de los Planes de Ordenación urbana, normas subsidiarias y demás instrumentos de planificación, de desarrollo y de ejecución en urbanismo, las leyes autonómicas obligan su adaptación a las normas técnicas de accesibilidad.

·         EDIFICACIÓN:

Las leyes de accesibilidad dividen en dos grandes grupos los edificios en función de su finalidad. Así:

a) Edificios de uso público y privados de concurrencia pública: Los edificios que desarrollan actividades públicas, deben cumplir obligatoriamente las normas técnicas de accesibilidad tanto en el itinerario horizontal como en el vertical.

Dentro de estos itinerarios, las normas técnicas de accesibilidad son obligatorias tanto para los elementos fijos (pavimentos, escaleras, rampas, etc...) como para el mobiliario interior (ventanillas, sillas, papeleras, etc...).

b) Edificios privados de viviendas: Las leyes dividen los edificios de viviendas en dos clases en función de su línea de financiación:

-   Edificios promoción pública y protección oficial:

Al financiarse la construcción de estos edificios a través de alguna ayuda pública, implica que tanto los itinerarios interiores que unen los elementos comunes del edificio, como los itinerarios exteriores que unen el interior con el exterior del edificio deben cumplir las normas técnicas de accesibilidad. En cada promoción de este tipo de viviendas, las leyes de accesibilidad establecen un porcentaje de reserva que se sitúa en un 3%, excepto en Extremadura donde se establece un 4%. El interior de estas viviendas reservadas para personas con disminución debe tener todos sus elementos adaptados (salón, baño, dormitorio, etc.) de acuerdo con las normas técnicas de accesibilidad.

     -  Edificios de promoción libre:

Al tener una línea de financiación en la construcción de estos edificios totalmente privada (no se beneficia este tipo de promociones de ninguna subvención ni crédito público), no existe, la obligación de un porcentaje de reserva de viviendas para personas con disminución y por lo tanto, no es obligatorio que el interior de las viviendas cumpla las normas técnicas de accesibilidad. Sin embargo, sí es obligatorio (en todas las leyes de accesibilidad), cumplir las normas técnicas de accesibilidad en los itinerarios interiores que unen los elementos comunes del edificio y los itinerarios exteriores que unen el interior con el exterior del edificio.

La única ley que establece incentivos, en la promoción libre de viviendas, para reservar viviendas a las personas con disminución, es la de Extremadura, que prevé ayudas públicas para aquellos promotores que cumplan con una cuota de al menos 2% de viviendas adaptadas.

·         TRANSPORTE:

    Las leyes autonómicas, en este punto, recogen una regulación menos detallada frente a los anteriores epígrafes. Establecen, en términos generales, que la infraestructura y su material móvil deben ser accesibles, pero recogidos dentro de un Plan de Supresión de Barreras en el transporte, cuya competencia para elaborarlos depende de las administraciones públicas en general.

    Algunas leyes establecen que, en todo caso, el material móvil de nueva adquisición debe ser accesible. Las normas técnicas de accesibilidad suelen ser bastante sectoriales (regulan el suelo del material móvil, los mecanismos de apertura de las puertas, los asientos reservados, la megafonía y los andenes.) y necesitarían un desarrollo más completo, sobre todo en relación con la infraestructura y el material ya consolidado, removiendo todos los obstáculos reales que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de poder acceder al transporte público.

    También se establece que en los municipios con un determinado número de habitantes, se establezca un servicio público de taxis accesibles o vehículos especiales accesibles.

·         COMUNICACIÓN SENSORIAL:

    Las leyes de accesibilidad establecen el fomento de:

a)   Instalación de sistemas de comunicación (megafonía, vídeo, etc.) accesibles en los edificios públicos.

b)    El uso de lenguaje de signos en la atención al público en las administraciones públicas.

      c)    Campañas informativas de sensibilización social.

      d)   Formación de interpretes de signos y guías sordo-ciegos.

      Y se garantizará en todo caso:

 e)    El acceso al entorno de las personas con limitación visual que vayan acompañadas de perros guía o cualquier otra ayuda técnica para que puedan acceder a los espacios de uso público, respetándose, en todo caso, las normas internas de los centros sanitarios.

 f)     Si se crean medios audiovisuales dependientes de la administración autonómica, estos deberán elaborar un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos o de subtítulos, garantizar el derecho a la información.

    Esta estructura es recogida íntegramente por todas las leyes de las Comunidades Autónomas, menos por la del País Vasco y la Rioja que solo contemplan el acceso al entorno de las personas con perros guía y las campañas informativas. Las leyes de las Comunidades Autónomas de Baleares y Navarra no contemplan este epígrafe.

2.2.2. Otros epígrafes de las leyes de accesibilidad.

    En los preámbulos de las Leyes Autonómicas, no se justifica debidamente el por qué de la inclusión de estos determinados epígrafes. Solo explican que el Consejo se crea como órgano de participación adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, y que el Fondo es una medida de fomento para eliminar barreras y financiar ayudas técnicas.

·         Consejo para la Promoción de la Accesibilidad

    De las 16 leyes autonómicas, todas, menos las de Valencia, La Rioja y Navarra, recogen este órgano consultivo. La denominación no es homogénea, así la ley del País Vasco lo llama Consejo Vasco mientras que la Región de Murcia lo llama Comisión Regional para la Habitabilidad. Pero, la mayor parte de las leyes autonómicas lo denominan Consejo para la Promoción de la Accesibilidad.

    El Consejo esta integrado por:

-          Representantes de las administraciones públicas competentes por razón de la materia (urbanismo, obras públicas, transporte.)
-          Representantes de los municipios de la Comunidad.
-    Representantes de las asociaciones de personas con disminución.
-    Representantes de las organizaciones empresariales y de sindicatos.

    El número de representantes difiere de una ley autonómica a otra, y sería necesario estudiar cada caso concreto.

    El desarrollo más exhaustivo de la organización del Consejo, suele estar regulado en un Decreto posterior.

    Las Funciones de este Consejo son:

-    Recibir información de las diferentes administraciones públicas y de los colectivos sociales que trabajen en esa área, elaborando propuestas dirigidas a las citadas administraciones.
-    Emitir informes sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de las leyes de accesibilidad.
-    Conocer las consignaciones presupuestarias de las administraciones públicas implicadas, destinadas al cumplimiento de los objetivos específicos de las leyes de accesibilidad.

    La particularidad de este Consejo es que su función es meramente consultiva. Sus informes no son en modo alguno vinculantes, y las administraciones no necesitan de su autorización para llevar a cabo sus proyectos.

·         Fondo para la Supresión de Barreras

    En cada Comunidad Autónoma se crea el llamado Fondo para la Supresión de Barreras, que se financiará a través de los presupuestos anuales de la Comunidad. La finalidad principal de este Fondo es subvencionar actuaciones de los entes locales destinados a la supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación.

    Según las leyes de Accesibilidad, sólo se destinara la mitad del presupuesto del Fondo a tales acciones, y tendrán prioridad en la adquisición de estas ayudas, aquellos entes locales que destinen de sus presupuestos alguna o igual cantidad que la del Fondo para tales acciones. La otra mitad del presupuesto subvencionará actuaciones de entidades sin finalidad de lucro para la supresión de barreras. El funcionamiento se desarrolla reglamentariamente.

    Las leyes de Accesibilidad no especifican qué actuaciones de supresión de barreras son prioritarias, los mínimos a cumplir para acceder a la subvención, qué lugar corresponde dentro de la línea de presupuestos, ni que cantidad mínima y suficiente se destinan a estas actuaciones para que sean eficaces.