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La Eurocámara pedirá a España más esfuerzos para garantizar la inclusión educativa de menores con discapacidad

Europa Press (03/10/2019)

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara enviará una carta a las autoridades españolas para pedirles más esfuerzos a favor de la inclusión educativa de los menores con discapacidad tras escuchar el caso de un padre cuyo hijo fue rechazado de una escuela infantil pública de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife y que aclare el caso.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada popular Dolors Monserrat, ha anunciado que enviarán una carta al Gobierno de España para «que nos informe de este caso en concreto» y pedirle «que continúe trabajando a favor de la inclusión y en apoyo a la discapacidad» tras escuchar el caso, que dejarán abierto, al tiempo que ha animado al padre del menor a ponerse en contacto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), donde «le van a poder ayudar».

Monserrat, exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del anterior Gobierno del PP, ha defendido que «España ha hecho grandes esfuerzos» para la integración de los niños con discapacidad en «colegios ordinarios», mientras que «los padres que deciden que sus hijos continúen en centros especiales lo pueden hacer».

«Estamos en un 83% de integración en las escuelas ordinarias de personas con discapacidad», ha subrayado, recordando que en la UE, de media, «el 50% de los niños con discapacidad no están integrados en sistemas ordinarios».

El peticionario canario, en un vídeo, ha denunciado que su hijo fue rechazado «de una escuela infantil» de San Cristóbal de La Laguna por su discapacidad en 2013, aunque cuatro años después «estudia tercero de Educación Primaria en una escuela ordinaria pública» y ha instado a las instituciones comunitarias a «apercibir si fuese necesario a cada país y región de la UE ante las continuas violaciones de derechos de los colectivos más vulnerables que se producen cada día», mostrando su «decepción» de que hasta ahora la Comisión ha dicho que su caso no está «en el ámbito del derecho actual de la Unión Europea».

«El sistema educativo español no es inclusivo. La educación pública española incumple sistemáticamente el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad», que fue incorporado al ordenamiento jurídico español en 2008, ha recordado, al tiempo que ha denunciado «la exclusión» y «segregación social» que sufren los menores con discapacidad en España, donde existen once centros públicos de educación especiales.

«Allí son desviados los niños y niñas de todas las edades con determinadas necesidades educativas específicas cuyas adaptaciones se apartan dice significativamente del currículum», ha denunciado, al tiempo que ha considerado «difícilmente comprensible» que la normativa europea de 2000 que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, sexo u orientación sexual no se aplique al «ámbito educativo».

El peticionario ha pedido a las instituciones europeas que impulsen campañas de concienciación alejadas de una visión de «la caridad» y que se garantice la educación «de calidad» y el principio de inclusión para «que nadie vuelva a quedar atrás».

La experta en Igualdad y Discapacidad de la Comisión Europea, Inma Placencia Porrero, ha admitido «preocupación» por el caso del peticionario, al tiempo que ha reconocido que «desafortunadamente» no es único.

La Comisión hace «dentro de sus posibilidades, todo lo posible para avanzar en Europa» en «una educativa inclusiva» y «una educación de calidad para todas las personas con discapacidad» con campañas de concienciación y apoyo financiero, ha explicado, si bien ha recordado que «las competencias» en educación primaria y secundaria «la tienen los estados miembro» aunque sobre la mesa sigue la propuesta de 2008 de la Comisión para combatir la discriminación en el área educativa.

Eso sí, ha recordado que España firmó el Convenio de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo adicional.

«La convención es muy clara. Hay un derecho a la educación para todas las personas con discapacidad, sin discriminación y garantizando igualdad de oportunidades», ha remachado, recordando que ello exige apoyo individual y formación adecuada de los profesores.

Otro representante de la Comisión Europea ha precisado que el caso de los ocho estudiantes que fueron rechazados de escuelas de Formación Profesional por su discapacidad sí «queda cubierto por la directiva sobre acceso igualitario a la Formación Profesional» y «con arreglo a esta directiva se puede recurrir a los tribunales españolas y hacer valorar este derecho».

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