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Alrededor de 800.000 personas con discapacidad en la UE están privadas de su derecho al voto

Servimedia (25/03/2019)

Unas 800.000 personas con discapacidad en la UE están privadas del derecho al voto debido a restricciones legales en sus países de origen, según declaró a Servimedia Miguel Angel Cabra de Luna, consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

Cabra de Luna participó en el dictamen del CESE sobre el derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad, que fue aprobado por unanimidad por los 350 consejeros. En este dictamen, el CESE subraya que "en virtud de leyes nacionales, aproximadamente 800 000 ciudadanos de la UE de dieciséis Estados miembros se ven privados de su derecho a participar en las elecciones al Parlamento Europeo por razón de su discapacidad o problemas de salud mental".

Cabra de Luna explicó que "el alcance de este fenómeno es muy desigual en los distintos países" y va desde las cien personas privadas en Portugal a las casi 300.000 de otros estados. Solo en 11 de los estados miembro (Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Letonia, los Países Bajos y Suecia), las legislaciones dejan claro que no se puede privar a una persona del derecho de voto bajo ninguna circunstancia.

Además, el dictamen subraya el cambio de la ley electoral aprobado en España el pasado 5 de diciembre, que establece que ninguna persona con discapacidad podrá verse privada de su derecho de voto.

La modificación supuso, además, que aquellas personas que habían perdido este derecho por incapacitación judicial lo recuperarán en los próximos comicios, y su aprobación fue el resultado de campañas de sensibilización desarrolladas durante años por asociaciones de personas con discapacidad en España (Cermi, Grupo Social ONCE, Plena Inclusión, Fiapas).

Según Cabra de Luna, gracias a esta reforma, más de 100.000 personas recuperarán su derecho al voto y podrán ejercerlo en las elecciones del próximo 28 de abril.

OBSTACULOS TÉCNICOS

Por otro lado, el dictamen resalta que millones de ciudadanos de la UE se ven privados de la posibilidad de votar debido a las disposiciones organizativas (obstáculos técnicos), "que no tienen en cuenta sus particularidades".

La falta de accesibilidad en los colegios electorales, las limitaciones a la hora de depositar las papeletas, la imposibilidad de constituir colegios electorales específicos en hospitales o centros de larga estancia, la imposibilidad de acceder a la información, la ausencia de adaptaciones al Braille, entre otras circunstancias, representan "importantes obstáculos" que impiden a las personas con discapacidad votar de forma autónoma", explicó Cabra de Luna.

Estos problemas se dan de forma muy desigual en los distintos estados de la UE, pero "son 80 millones de personas con discapacidad" en todo el territorio las que pueden verse afectadas, concluyó Cabra de Luna.

Por ello, exigió la aprobación de una directiva europea que garantice el derecho al voto de todas las personas con discapacidad en la UE, tal y como sostiene el citado dictamen. Esta directiva se referiría en principio a las elecciones europeas, pero a la larga implicaría un cambio positivo en todas las legislaciones, concluyó.

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