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La justicia asturiana reclama al Principado dar pasos para adaptarse a las personas con discapacidades cognitivas

Europa Press (28/02/2019)

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Juan Carlos García López, ha reclamado al Principado "agilidad" en la implantación del proyecto de adaptación de sentencias al método de lectura fácil, para así facilitar su comprensión para las personas afectadas por una discapacidad cognitiva.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Oviedo y Delegado del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judical en Asturias lo ha reivindicado este jueves en Oviedo junto a la gerente de la asociación Plena Inclusión Asturias, Casilda Sabin, y la abogada, Ana María Valle.

Los tres se han encargado de presentar la primera sentencia de España del orden Contencioso-Administrativo que ha sido notificada doblemente, en su formato habitual y en el que se aplica el método de lectura para personas con discapacidad cognitiva.

La abogada Ana María Valle defendía a una persona con discapacidad intelectual del 60% que había sido multada por Tráfico, que finalmente fue anulada al demostrarse que no era titular del vehículo. El interesado pudo comprender mejor el sentido de lo resuelto en el juicio con el formato de lectura fácil de la sentencia, con preguntas y respuestas y pictogramas.

Para ello contaron con la colaboración de Inclusión Asturias, que es quien adapta las sentencias al lenguaje inclusivo, ya que el Gobierno asturiano no se encargó de la financiación de la adaptación de la sentencia.

En ese sentido, García López ha destacado que esta iniciativa del TSJA fue pionera a nivel estatal, llegó a ser premiada en Viena y protagonista en conferencia en Seúl, además de servir como base a su implantación en otras comunidades como Navarra, pero que ahora la posibilidad de situar "Asturias en el mapa" y ser un referente dentro de la justicia española podría "quedar desdibujada" si la Administración autonómica no lo pone en marcha.

Para ello se necesitaría un presupuesto estimado de unos 15.000 euros anuales y permitiría también un mejor acceso a las sentencias de personas con dificultades de comprensión del castellano, analfabetas o, en un territorio envejecido como Asturias, a afectados por enfermedades neurodegerenativas.

Según López, desde la Dirección General de Justicia le han mostrado su compromiso en sacarlo adelante, pero los antecedentes no son muy halagüeños y llevan un año sin dar ningún paso adelante.

Y es que desde Inclusión Asturias hubo contactos con la Consejería de Educación para adaptar el Estatuto y la Constitución al lenguaje inclusivo y así facilitar el voto de las personas con discapacidad, algo que la Administración no consideró interesante. Por otro lado, también se ha reclamado al SESPA adaptar los textos de las oposiciones para las plazas con discapacidad.

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