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El Estado deberá pagar más de 342.000 euros por un bebé que quedó vegetativo en el General Yagüe de Burgos

EUROPA PRESS - Castilla y León (04/11/2004)

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar más de 340.000 euros a los padres de un bebé que quedó en estado vegetativo, con parálisis extremadamente severa y sin posibilidad de recuperación, tras nacer en diciembre de 1993 en el hospital General Yagüe, de Burgos, entonces dependiente del Insalud. La Administración es condenada porque el niño, que nació con el cordón umbilical rodeado al cuello y muy apretado, no fue intubado ni recibió respiración asistida tras serle provocado un coma farmacológico.

El Supremo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, confirma el fallo dictado en primera instancia por la Audiencia Nacional, que condena al Estado a pagar 300.506 euros (50 millones de pesetas) por las lesiones padecidas por el menor, por el daño moral sufrido por sus padres, y por el costo del cambio de vivienda al que se vieron obligados.

Además, el tribunal establece que, mientras el niño viva, la Administración debe abonar cada año a los padres, para los gastos de cuidado del menor, 42.070 euros (7 millones de pesetas), cuantía que se incrementará anualmente con el IPC.

En los hechos probados se destaca que, el 22 de diciembre de 1993, el niño nació con circular de cordón muy apretada, por lo que precisó intubación y reanimación, ingresando en una unidad de cuidados del hospital burgalés sin que se apreciaran mayores complicaciones.

Sin embargo, al día siguiente presentaba movimientos descoordinados, por lo que se le hizo un electrocardiograma y se le trató con lumial y valium, para conseguir que entrara en coma farmacológico. No obstante, y en contra de lo que es habitual, entonces no fue intubado ni se le facilitó respiración asistida, pese a que tuvo algunas apneas (falta de respiración).

En enero de 1994, se le diagnosticó encefalopatía connatal, y posteriormente parálisis infantil extremadamente severa con ausencia de actividades mentales superiores (estado vegetativa) y crisis epilépticas, y con nulas posibilidades de recuperación. Su minusvalía fue estimada en un 99 por ciento.

500 MILLONES

La familia recurrió a los tribunales exigiendo que la Administración debía indemnizarles con 500 millones de pesetas, después de que el propio Insalud desoyera su reclamación mediante silencio administrativo. La Audiencia Nacional condenó al Estado al estimar que no ha demostrado que sometiera al menor a una vigilancia extrema y exhaustiva, que era la que merecía el caso, después de que no fuera sometido, en contra de lo habitual, a intubación y respiración asistida.

No obstante, cree que en el estado del menor pudieron influir también las circunstancias de su nacimiento (cordón muy apretado, que le provocó una primera hipoxia) lo que toma en consideración al establecer la indemnización, que es menor de la exigida por los padres.

El abogado del Estado recurrió al Supremo argumentando que no se habían tenido en cuenta las apreciaciones sobre el caso dadas por el personal del INSALUD. El alto tribunal rechaza estas argumentaciones, y destaca que el perito judicial designado en la causa constató que no hubo intubación ni aplicación de respiración asistida.


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