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Decreto-Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda.

Organismo emisor:
  • Consejería de Fomento y Medio Ambiente;

Fecha de disposición: 31/07/2013

Publicado en:

  • Boletín Oficial de Castilla y León (Número: 149, 05/08/2013, Páginas: 53134-53165)

Resumen:

Artículo 3. Colectivos de especial protección.

Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:

1. Tendrán la consideración de colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública, los siguientes:

a) Las familias, y en particular las familias numerosas, las familias monoparentales con hijos menores de edad a cargo, o bien con hijos mayores de edad en situación de dependencia, así como las familias con parto múltiple o adopción simultánea, conforme a la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León.

b) Las personas dependientes o con discapacidad, así como las familias en las que convivan.

c) Las personas mayores de 65 años, así como las familias en las que convivan.

d) Los jóvenes menores de 35 años.

e) Las víctimas de violencia de género y de terrorismo.

f) Las familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo.

g) Los deudores hipotecarios que hayan sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial, con resultado de lanzamiento.

h) Las personas que pierdan el derecho a usar la vivienda que constituya su residencia habitual y permanente por sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

i) Las personas que habiten una vivienda sujeta a expediente de expropiación o situada en un inmueble que haya sido declarado en ruina. j) Las personas que habiten un alojamiento provisional como consecuencia de operaciones de emergencia o situaciones catastróficas que hayan implicado la pérdida de la vivienda, u otro tipo de alojamiento cedido en precario por administraciones públicas u otras personas jurídicas.

k) Las personas que habiten, mediante título legal, una vivienda con deficientes condiciones de habitabilidad o superficie inadecuada a la composición familiar, entendiendo como tales:

– Las viviendas de superficie útil total inferior a 30 metros cuadrados.
– Las viviendas con una superficie útil por persona inferior a 10 metros cuadrados.
– Las viviendas con deficiencias de habitabilidad cuyo coste de reparación ascienda a más del 50 por ciento del valor de venta de las mismas.
– Las viviendas donde habiten personas con movilidad reducida y que, a causa de sus propias condiciones o de los elementos comunes del edificio, no tengan la consideración de accesibles, conforme a la normativa de accesibilidad

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