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El Gobierno, a favor de que personas con discapacidad intelectual puedan compaginar empleo y prestaciones sociales

Servimedia (07/02/2019)

La secretaria de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Ana Lima, se mostró este miércoles dispuesta a buscar fórmulas para que las personas con discapacidad intelectual puedan compaginar el desarrollo de un empleo con el cobro de ciertas prestaciones sociales.

Durante un encuentro informativo organizado por Servimedia, Lima señaló que "es necesario flexibilizar la entrada y salida" de los recursos sociales por parte de las personas con discapacidad intelectual, así como facilitar que puedan compaginar el desarrollo de un empleo con el cobro de prestaciones sociales, "para que (trabajar) les salga a cuenta".

Esta es una de las principales sugerencias del estudio '¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo? Análisis y propuestas de mejora', elaborado por Plena Inclusión y presentado a la secretaria de Estado durante el encuentro.

Según su autor, José Manuel Fresno, "hoy en día el diseño de las políticas sociales no fomenta de manera suficiente que estas personas lleven a cabo un proyecto de vida autónomo". Dado que en general reciben un salario muy bajo, pues están en la parte más baja de la horquilla de la renta media en España, indicó que "muchas veces su sueldo está muy próximo a lo que perciben por las prestaciones sociales".

Si eligen trabajar, han de renunciar a los subsidios y, en caso de perder el empleo, después son muy difíciles de recuperar. Por eso, "a mucha gente no le sale a cuenta". Como solución, el estudio propone "sumar ambas estrategias: promoción del empleo y promoción de los apoyos".

Según Lima, la precariedad del mercado laboral y la dificultad burocrática para acceder a las prestaciones son otros factores que desincentivan a los colectivos vulnerables del empleo, no solo a las personas con discapacidad.

"También sucede con los perceptores de rentas Mínimas de Inserción", dijo a modo de ejemplo, "que si no tienen un trabajo asegurado (y muchos solo duran unos meses) prefieren no renunciar a este recurso".

Por eso, aunque implicaría a varios ministerios (Hacienda, Sanidad y Bienestar Social, Trabajo, etc.) y a las comunidades autónomas, Lima dijo ser partidaria de "flexibilizar el sistema", teniendo también en cuenta las rentas.

REGULACIÓN ESTATAL

Del mismo modo, se mostró favorable a impulsar una mayor homogeneidad a nivel estatal en lo referente a las prestaciones sociales para este colectivo.

Para Enrique Galván, director de Plena Inclusión, "existe una inequidad muy grave entre territorios”, con prestaciones para el dentista que van de los 80 y los 1.500 euros, según la comunidad.

Hay también autonomías que completan el Salario Mínimo Interprofesional que se paga en los Centros Especiales de Empleo hasta con el 65%, y otras que no aportan nada. En general, País Vasco y Navarra son las autonomías con mejor nivel de prestaciones, y reclamó una normativa que fije unos mínimos a nivel estatal.

Lima se mostró favorable a ello, "dentro siempre del respeto a las competencias de las comunidades autónomas" y los ayuntamientos. Explicó que la Administración General del Estado puede elaborar "catálogos de prestaciones sociales" comunes a todo el territorio que sirvan de referencia a nivel nacional, y el Ministerio impulsar acuerdos con municipios y autonomías en el seno del Consejo Interterritorial.

OTRAS PETICIONES

Por otro lado, Galván exigió que las personas con discapacidad intelectual sean consideradas de "forma independiente a la unidad familiar a la hora de acceder a la Renta Mínima de Inserción". En la actualidad, "resulta que porque tu hermano trabaje o tu padre gane un ingreso mínimo, tú ya te quedas fuera" de percibir esta renta. A su juicio, este diseño "desincentiva el acceso de las personas con discapacidad a un proyecto de vida independiente" y "penaliza a sus familias".

También reclamó más facilidades a la hora de acceder y solicitar ayudas, pues el proceso actual es muy complicado ("muchas veces las personas sin discapacidad tampoco lo entienden") eliminar el límite de ingresos (suele estar en los 480 euros) para recibir más prestaciones, y generalizar las exenciones fiscales para las sucesiones a favor de personas con discapacidad intelectual.

Entre otros puntos, el estudio señala que el paro entre este colectivo es tres veces el de la población general, y su tasa de actividad se sitúa en el 36%. El 44% de las pensiones de invalidez no contributivas son percibidas por una persona con discapacidad, cuando este colectivo supone el 8% de la población.

Para Fresno, ello refleja la concentración de las rentas del trabajo más bajas en el colectivo de personas con discapacidad, sobre todo intelectual. De ahí la necesidad de compaginar "ingresos por empleo e ingresos por prestaciones sociales", prosiguió, algo que "la propia UE ha recomendado para favorecer la inserción sociolaboral de los más vulnerables".

Según Fresno, "las personas con discapacidad intelectual tienen unos costes añadidos en su vida cotidiana, debido a los apoyos que necesitan y a la falta de oportunidades". "Estos repercuten en su economía y en la de sus familias, y las políticas de apoyo no está bien diseñadas para solucionarlo", concluyó.

Notas:

TEXTO EN LECTURA FÁCIL
El gobierno quiere que las personas con discapacidad intelectual que trabajan puedan recibir una prestación social
La prestación social es una ayuda económica según el grado de discapacidad que tengan las personas.
El grado de discapacidad depende de las cosas que la persona con discapacidad pueda hacer por si misma.
Las personas con discapacidad suelen recibir un sueldo pequeño por su trabajo, pero al trabajar se pierde la prestación social.
Si la persona con discapacidad que trabaja pierde el trabajo es difícil que el Estado vuelva a darles la prestación social.
Por eso hay personas con discapacidad que prefieren seguir con la prestación social y no trabajar.
También hay diferencias en las Comunidades Autónomas de las ayudas económicas que reciben las personas con discapacidad.
Por eso el Gobierno debería hacer una ley para que explique lo mínimo y lo máximo de las ayudas económicas en las Comunidades Autónomas.
El gobierno también quiere que las personas con discapacidad puedan seguir con la ayuda económica que reciben aunque trabajen.

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