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El Cermi exige la aprobación urgente de un nuevo baremo de la discapacidad, tras 15 años de retrasos

Servimedia (17/12/2018)

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, pidió este lunes en el Congreso de los Diputados la actualización "urgente" del baremo de discapacidad que, a su juicio, llega con un retraso "de al menos 15 años" desde que el movimiento asociativo inició esta demanda. La misma idea expresó el secretario de Organización de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Daniel-Aníbal García, quien reclamó también que a medio plazo el reconocimiento legal de la discapacidad "se rebaje al 25%".

Ambos participaron en la jornada Protección social y enfermedades neurodegenerativas organizada en el Congreso a iniciativa del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Iñigo Alli, donde responsables de la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas, Neuroalianza, reclamaron "el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas" como la Esclerosis Múltiple o la Lateral Amiotrófica (ELA), el párkinson, neuromusculares y el alzhéimer u otras demencias.

En su intervención, Pérez Bueno lamentó "el desajuste entre las demandas sociales y las respuestas del legislador y del Ejecutivo", y criticó los retrasos en el reconocimiento de la discapacidad, de consecuencias tan graves para un afectado de ELA o para un niño que necesita apoyos educativos especiales.

Asimismo, mostró su pesar "por los continuos retrasos" en la actualización del baremo de discapacidad de 1999, pues "cada vez que llega un nuevo director o directora del Imserso, todos quieren ponerse esa pequeña medalla, y pasados dos o tres años, todos desisten".

Con todo, se mostró confiado en que el actual documento (de 642 páginas) en el que trabajan el Ministerio de Sanidad, el Imserso, las comunidades autónomas y las entidades del movimiento de la discapacidad, "pueda ser aprobado" en la presente legislatura y "dé lugar al real decreto para obtener el nuevo baremo de la discapacidad".

Para el presidente de Cermi, los criterios con los que en la actualidad se determina el grado de discapacidad "se han quedado anticuados", pues es preciso "migrar de un enfoque médico y etiológico, en el que hay una enfermedad que genera una situación discapacitante, a un enfoque social", donde se evalúan las carencias en función de las interacciones de cada persona con su entorno y se le prestan los apoyos personalizados.

Indico que si bien en toda discapacidad hay un componennte de deficiencia y un componente social , "el primero es relevante, no puede ser determinannte". Por eso, "tenemos que evolucionar hacia un nuevo enfoque social" a la hora de valorar la discapacidad.

En esta línea, Pérez indicó que en lugar de reivindicar la concesión automática del 33% de discapacidad con el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas, "quizás sería más útil reclamar un nuevo baremo que permitiese una mejor valoración. "Si está bien hecho, permitirá determinar este grado de discapacidad", y a lo mejor "resulta más fácil que pedir la concesión inmediata con el diagnóstico", que muchos técnicos rechazan, señaló.

Por último, se dirigió al conjunto de organizaciones del sector para que "una vez elaborado el documento lo estudien bien y presenten las alegaciones precisas, porque no podemos llegar a todos los casos que causan discapacidad".

RECONOCIMIENTO CON EL 33%

Por su parte, el secretario general de Cocemfe, Daniel-Anibal García, quiso destacar la importancia de que "el nuevo baremo recoja las deficiencias de forma precisa y lo haga bien. También subrayó el enorme esfuerzo realizado para llegar a un consenso en torno al documento de trabajo, aunque criticó que se hayan tomado las clasificaciones de la Asociación Médica Americana (AMA) "como verdad revelada".

"Estas tablas están muy bien, pero son de hace 11 años y están pensadas para la realidad de Estados Unidos. Hemos de adaptarlas a la realidad española", reclamó. Además, pidió que, a medio plazo, el reconocimiento legal de la discapacidad se rebaje al 25%, "que es lo que la OMS estableció como límite de la discapacidad moderada en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de 2001". "Si nos creemos el CIF, nos lo creemos para todo".

A su juicio, es a partir del 25% cuando la discapacidad empieza a ser limitante, y si se optó por el 33% "fue por una cuestión de recursos". El 33% es el mínimo exigido para obtener ayudas sociales y bonificaciones en la contratación.

Si sitúa el reconocimiento legal en el 25%, muchas demandas de colectivos e ineficiencias del sistema "se solucionarían", vaticinó. Por último, exigió "procedimientos de urgencia o exprés y valoraciones documentales" en determinados casos, pues "hay personas para quienes el simple hecho de acudir al centro base les supone un empeoramiento de salud".

En la jornada participaron personas con esclerosis múltiple, ELA y párkinson, que explicaron sus experiencias y por qué es preciso que se les conceda un grado de discapacidad del 33% nada más obtener el diagnóstico. Les acopañaron varios diputados como Iñigo Allí (UPN), Joan Ruiz (PSC/PSOE) y Francisco Vañó (PP).

En su intervención final, la subdirectora general de Coordinación y Ordenación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Mercedes Jaraba, destacó la relevancia de estos testimonios y reiteró el apoyo del Ministerio de Sanidad al nuevo baremo, "que ojalá pueda incluir esta petición" del 33% o, si no, una mejor valoración.

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