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La accesibilidad es 'uno de los grandes fracasos de la política española en discapacidad', según un informe de CERMI

Europa Press (29/09/2009)

La accesibilidad es "uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad", según el Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008, elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y aprobado hoy.

Así, el estudio pretende para dar a conocer "las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad".

Concretamente, durante 2008 el CERMI denunció a más de 50 establecimientos de uso público por "incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social". Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado, según detalló la organización.

Además, las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas han "agravado", según este Informe, "los problemas de accesibilidad ya que en muchas de ellas (las CC.AA) ni siquiera tienen actualizado el concepto de discapacidad o incluidos los criterios de diseño para todos".

No obstante, algunas de las acciones "positivas" que se proponen en el Informe es la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página Web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física o la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet.

Aún así, el estudio, cuya autora es la delegada del CERMI para la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre; pone de manifiesto los "déficits" en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como "la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad".

PIDEN UNA RECTIFICACIÓN EN LA LEY DEL ABORTO

El documento también hace referencia a "algunas contradicciones normatias". Cita el Código Penal, "donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene graves taras físicas o psíquicas". El Informe argumenta al respecto que "implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma". En este sentido, el CERMI considera la legislación "claramente discriminatoria por no respetar el derecho a la vida y se exige una rectificación en la ley del aborto que se está elaborando".

El Informe también cuestiona los internamientos forzosos, en tanto que "vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental". En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como "incapaces" a todas las personas con discapacdad, salvo cuando ésta sea física. También ven "una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitectónicas en las dependencias judiciales".

Las fuentes de información utilizadas para realizar el Informe han sido consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI, acciones emprendidas, etc. Además, el documento resume casos de discriminación flagrante, se recogen resoluciones judiciales y se proponen iniciativas que se deberían llevar a cabo para que se apliquen los mensajes de la Convención de la ONU.

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