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La oferta de empleo público de 2009 reserva el 7% para personas con discapacidad

La Crónica Social (02/03/2009)

La Oferta de Empleo Público de este año establece por primera vez que el 2% de los puestos se reservarán a personas con algún tipo de discapacidad intelectual, porcentaje al que se añade el 5% de reserva para personas con discapacidad física o sensorial que ya se venía aplicando en anteriores convocatorias.

De esta manera, el total de plazas destinadas a personas con algún tipo de discapacidad en la Administración General del Estado se eleva a un 7% en esta ocasión. Así lo recogen los reales decretos de Oferta de Empleo Público para 2009 que aprobó este viernes el Consejo de Ministros.

La convocatoria profundiza en las medidas que aseguran la igualdad de hombres y mujeres en los procesos selectivos y garantiza que toda la tramitación necesaria para participar en las distintas pruebas, así como el seguimiento del proceso, pueda realizarse por vía telemática.

MENOS OFERTA PÚBLICA

En total, el Consejo de Ministros aprobó cuatro reales decretos de Oferta de Empleo Público para 2009, que ascenderá a 17.948 plazas de acceso libre, a las que se suman 2.613 de promoción interna, lo que da un total de 20.561 plazas. Este dato supone una reducción del 42,7% con respecto a las 35.895 plazas convocadas por el Gobierno para el ejercicio 2008.

Según explica el Ejecutivo, la convocatoria se ha elaborado siguiendo el principio de austeridad anunciado por el presidente del Gobierno, aunque la reducción del número de plazas "no afectará a la prestación de los servicios públicos esenciales". En este sentido, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, señaló que esta oferta se caracteriza por "la austeridad en el gasto público, el auge de las políticas de empleo y la atención permanente a los servicios públicos esenciales".

La Oferta de Empleo Público de este año establece, por primera vez, la reserva del 2% de los puestos para personas con discapacidad intelectual. Este porcentaje se añade al 5% de reserva para personas con discapacidad física o sensorial que ya se venía aplicando en anteriores convocatorias, lo que eleva a un 7% el porcentaje total de plazas destinadas a personas con algún tipo de discapacidad en la Administración General del Estado.

El número total de plazas de nuevo ingreso de personal en el sector público supone, como máximo, un 30% de la reposición de sus efectivos tal como se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta limitación no se aplica a los servicios públicos considerados esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (4.957 plazas), la Administración de Justicia (2.883 plazas), las Instituciones Penitenciarias (1.572 plazas), la Educación, la Sanidad, la Inspección de Trabajo o la seguridad aérea.

Tampoco afectará al personal que trabaja en la gestión de las políticas activas de empleo, de las prestaciones por desempleo y en el control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.

IGUALDAD EN PROCESOS SELECTIVOS

Por otra parte, la convocatoria profundiza en las medidas que aseguran la igualdad de hombres y mujeres en los procesos selectivos. Así, en aquéllos en los que existan pruebas físicas se establecerán baremos diferentes para mujeres y hombres, y se permitirá aplazar las pruebas a las mujeres que, por embarazo de riesgo o parto, no puedan concluir los procesos selectivos con el resto de los aspirantes.

Por otro lado, el Consejo aprobó también una serie de medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público con el fin de optimizar los gastos de personal. El Acuerdo adoptado establece que los Ministerios deberán proponer a los departamentos de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 1 de junio, una adecuación de sus relaciones y catálogos de puestos de trabajo para reducir el número de vacantes a un máximo del 8% del total de puestos de trabajo de cada ministerio u organismo.

Los Ministerios también tendrán que presentar un plan de optimización y racionalización de recursos humanos para ajustarse a las prioridades y necesidades operativas de cada Departamento, procediendo al dimensionamiento adecuado de sus relaciones de puestos de trabajo.

Por otro lado, el Gobierno ha encomendado al Ministerio de Administraciones Públicas que fije un procedimiento de selección de personal interino con el fin de atender las necesidades coyunturales de recursos humanos que tengan que ser provistas de forma urgente e inaplazable.

Para ello, se establece que se recurrirá a las listas de candidatos que hayan superado algún ejercicio del proceso de selección a los cuerpos de la Administración General del Estado, aunque todavía no hayan aprobado la totalidad de las pruebas.

El acuerdo también dispone que los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas realizarán un informe sobre el cumplimiento de estas medidas, que se elevará al Consejo de Ministros antes del cierre del presente ejercicio. En cualquier caso, estas medidas no serán de aplicación a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a la Administración de Justicia. Asimismo, continuará la racionalización de los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado para contribuir a una gestión de los recursos humanos más eficaz.

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