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Un grupo de minusválidos de Madrid acusa a la ONCE de monopolizar loterías

EFE (20/03/2001)

Los abogados de una asociación de minusválidos de Madrid acusaron hoy a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) de "mover sus tentáculos" en la Administración para que no se autorice ninguna lotería que pueda hacer sombra al cupón pro-ciegos.
Durante una audiencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el abogado del recurrente, Juan Francisco Martín de Aguilera, denunció que España "legisló chapuceramente" en lo relativo al juego, lo que habría permitido que la ONCE evitara la competencia de otras loterías.
El demandante, Rafael Reina Muñoz, fue condenado en octubre de 1996 por poner en marcha el año anterior, como presidente de la Asociación para la Integración de Minusválidos de Madrid (ALMMA), una lotería en beneficio de disminuidos físicos y psíquicos de esa comunidad sin solicitar autorización al Estado.
El juzgado penal número 25 de Madrid lo condenó a cuatro meses y un día de prisión y a una multa de 22.560.000 pesetas, por un delito de contrabando de una mercancía bajo monopolio sin autorización.
Dicha condena, confirmada después por las instancias judiciales superiores (hasta el Tribunal Constitucional), se basó en una disposición adicional a la ley de presupuestos de 1986, que según Martín Aguilera, ya no era aplicable en 1995, año en el que ALMMA comercializó su lotería.
Esa disposición prohibía la venta de cualquier elemento que constituyera un soporte "para todas aquellas actividades en las que se arriesguen cantidades de dinero", excepto los autorizados por la Administración, los organizados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, y los sorteos de la ONCE.
Reina acusa a España de haber violado el articulo 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de acuerdo con el cual "no hay pena sin ley", porque la aludida disposición había dejado de estar vigente en 1995.
Por su parte, el abogado del Estado español, Javier Borrego, insistió en que la venta de loterías ha sido siempre un monopolio público, y que Reina sabia que, al vender la suya sin autorización, se situaba en la ilegalidad.
El demandante, que estuvo presente en la Audiencia, aseguró a los jueces, sin aportar más datos, que "hay acuerdos entre la ONCE y el Estado" para que no se autoricen loterías a grupos de disminuidos.
Justificó la lotería de ALMMA porque la ONCE no integró, como había prometido, a todos los minusválidos que se quedaron en paro tras la desaparición, en los años 80, de la asociación Prodiecu.
Prodiecu, que contaba con 10.000 vendedores de cupones, se financiaba también con una lotería que fue ilegalizada. El Tribunal se pronunciará en los próximos meses sobre si admite la demanda, y sobre el fondo del caso.

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