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Sistema Arbitral para la resolución de quejas de las personas con discapacidad

Nota de Prensa / La Moncloa (01/12/2006)

El Consejo de Ministros de 1 de diciembre de 2006 ha aprobado un Real Decreto por el que se establece y regula un sistema arbitral específico para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal por razón de discapacidad.

Así, en virtud de este Real Decreto, las personas con discapacidad van a contar con un sistema específico de defensa de sus intereses cuando quieran dirimir la resolución de sus conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial.

El modelo de sistema arbitral adoptado pretende seguir las buenas prácticas y las experiencias acumuladas por el funcionamiento del sistema arbitral de consumo, del que toma básicamente los elementos estructurales y procedimiento de gestión.

La creación de este arbitraje constituía una reivindicación histórica del colectivo de las personas con discapacidad y estaba prevista en la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

El sistema arbitral comprenderá las quejas y reclamaciones de las personas con discapacidad en las siguientes materias:
  • Telecomunicaciones y sociedad de la información.
  • Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
  • Transportes.
  • Bienes muebles e inmuebles; productos; servicios; actividades o funciones; comercializados por las personas físicas o jurídicas; individuales o colectivas; profesionales o titulares de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, en régimen de derecho privado.
  • Relaciones con las Administraciones Públicas en el ámbito del Derecho Privado.
Los arbitrajes laborales quedan excluidos del sistema arbitral en virtud de lo establecido en el artículo 1.4 de la Ley de Arbitraje, de 23 de diciembre de 2003.
Asimismo, se crean y regulan las Juntas Arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, órganos colegiados de gestión y administración del sistema arbitral.

Se prevé también la constitución de una Junta Arbitral Central, que conocerá de las solicitudes de arbitraje en relación con quejas y reclamaciones que afecten a un ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma o a materias de competencia estatal de ejecución.

En cada Comunidad Autónoma y en las Ciudades de Ceuta y Melilla se constituirá una Junta Arbitral, cuyo ámbito de actuación territorial coincidirá con el correspondiente al de dichas Administraciones Públicas. Estas Juntas conocerán de las quejas y reclamaciones presentadas por personas con discapacidad domiciliadas en su ámbito territorial, así como cuando, aún no siendo así, haya tenido lugar en dicha zona la celebración, ejecución o cumplimiento del contrato o la actuación que diera lugar a la queja o reclamación, siempre que no se oponga expresamente una de las partes.

Pilares del sistema

Este nuevo sistema pivota sobre las figuras del convenio arbitral, que es el instrumento a través del cual se documentan jurídicamente las ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral regulado en el proyecto.

El segundo pilar son las ofertas públicas, que pueden ser efectuadas tanto por las personas físicas y jurídicas de carácter privado que importen, produzcan, suministren o faciliten entornos, productos, bienes y servicios a las personas con discapacidad, así como las asociaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro.

Por otra parte, se establece la concesión de un distintivo oficial de adhesión al sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Además, se crea un Registro Central de ofertas públicas de sometimiento al Sistema Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal que será gestionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Designación de árbitros

En relación con los árbitros, cabe señalar que su designación y acreditación corresponde a las Juntas Arbitrales. Puesto que el arbitraje será en equidad, salvo que las partes acuerden que sea en derecho, los árbitros habrán de ser expertos o profesionales en alguna de las materias sobre las que pueden referirse las quejas o reclamaciones, o bien licenciados en Derecho.

Los árbitros serán propuestos por las Administraciones Públicas, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y las asociaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos con mayor implantación en el ámbito territorial de la Junta Arbitral.

Se establece el criterio general de que el arbitraje se realice por un colegio arbitral, aunque la disposición adicional segunda establece que cuando la cuantía de la pretensión sea inferior a tres mil euros, conocerá un solo árbitro, salvo que el presidente de la Junta Arbitral acuerde la designación de un colegio arbitral.

Por lo que respecta al laudo arbitral, el plazo máximo para dictarlo es de cuatro meses desde el inicio del procedimiento y se prevé la posibilidad de que se dicte laudo conciliatorio si las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia.

Si quiere conocer más posibilidades del SID, o aportar alguna información, acceda a la sección de Sugerencias y Consultas del SID
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