Recomendaciones del defensor del menor para mejorar la situación educativa de los alumnos con necesidades especiales asociadas a discapacidad
(11/11/2003)
El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid constata la valoración positiva que toda la comunidad educativa realiza sobre la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la escuela ordinaria. Además, tal y como se refleja en el informe "La situación del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la Comunidad de Madrid", la mayoría de las opiniones señalan que se ha producido una mejora en la atención educativa de estos alumnos durante los últimos años, y demandan el fortalecimiento del programa de integración. E
xisten sin embargo, incertidumbres, insuficiencias y problemas que deben analizarse con detenimiento para encontrar soluciones con el mayor acuerdo posible, y en beneficio de todos los alumnos y de la calidad de la enseñanza. El informe realizado recoge cinco problemas principales a juicio de los diferentes sectores de la comunidad educativa consultados: las normas legales recientemente aprobadas, las dificultades de los centros para asegurar los aprendizajes curriculares concretos y la integración social de los alumnos integrados, la escasa flexibilidad en la organización y el funcionamiento de la educación secundaria, la necesidad de incrementar los maestros de apoyo en los centros docentes y la ausencia de relación entre los centros y el mundo laboral para facilitar la incorporación al trabajo de los jóvenes con discapacidad. Las siguientes recomendaciones, basadas en el estudio realizado, tienen el objetivo de contribuir a la reflexión colectiva sobre la realidad de estos alumnos y orientar a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad sobre sus necesidades y demandas.
1. Sería conveniente que el gobierno de la comunidad de Madrid observase la necesidad de adecuar en su desarrollo normativo los artículos de la Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE) referidos a la atención educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, para contrastar si todos ellos contribuyen a impulsar y mejorar la integración educativa. En concreto, el Defensor del Menor quiere llamar la atención sobre las repercusiones que podría tener el artículo 45.3, en el que atribuye al equipo de evaluación, que en el artículo 29.1 está referido a los profesores de secundaria, la decisión sobre la modalidad de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
En concreto, el artículo 45.3 establece lo siguiente: "AI finalizar cada curso, el equipo de evaluación valorará el grado de consecución de los objetivos establecidos al comienzo del mismo para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados de dicha evaluación permitirán introducir las adaptaciones precisas en el plan de actuación, incluida la modalidad de escolarización que sea más acorde con las necesidades educativas del alumnado. En caso de ser necesario, esta - decisión podrá adoptarse durante el curso escolar". Una decisión de tanta trascendencia para la historia educativa y personal de los alumnos no debe atribuirse en exclusiva al equipo de evaluación. Es preciso tener en cuenta la opinión de los padres, valorar conjuntamente las distintas opciones educativas y someter finalmente todo el proceso a la supervisión del servicio de inspección educativa.
2. La formación de los profesores de secundaria es un objetivo prioritario. Sus dificultades para responder adecuadamente a las demandas educativas de los alumnos con dificultades de aprendizaje son comprensibles, pero no deben aceptarse como una situación inevitable. Es preciso detectar las carencias más importantes y diseñar nuevas estrategias que faciliten la formación de los profesores en condiciones satisfactorias. Conviene no olvidar que los docentes valoran negativamente la oferta de formación existente en la actualidad, aunque un aspecto positivo en este panorama es el interés que estos manifiestan por participar en actividades de formación.
3. Toda la comunidad educativa considera que uno de los principales cambios que deben llevarse a cabo es la mejora de la organización y el funcionamiento de los centros docentes. Para conseguirlo, es preciso, a juicio del Defensor, seguir avanzando en la autonomía de los centros y permitir que los equipos docentes adopten decisiones propias de acuerdo con las características de su centro y de los alumnos en él escolarizados. Es conveniente que las enseñanzas se organicen de forma más flexible, con más opciones para los alumnos con necesidades educativas especiales que no consistan sólo en estar en el aula con sus compañeros o permanecer en el aula de apoyo. El diseño de una oferta educativa variada, la modificación significativa del currículum para propiciar otras actividades, la mayor importancia otorgada a la formación en talleres, al desarrollo social y a la comunicación, y la implantación de experiencias educativas fuera de la escuela con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones o empresas para los alumnos mayores de 14 años son iniciativas positivas para la educación de estos alumnos.
4. Uno de los problemas detectados por los profesores y por los propios alumnos es la dificultad para establecer relaciones sociales satisfactorias entre unos y otros alumnos. Las diferencias en sus conocimientos y habilidades restringe la posibilidad del estudio conjunto y al mismo tiempo limita la interacción social. Los equipos docentes han de pensar en estrategias que ayuden a superar estas dificultades. El Defensor del Menor hace suyas algunas de las sugerencias que están contenidas en el estudio: favorecer que los alumnos mejor preparados ayuden a los alumnos con necesidades educativas especiales en sus aprendizajes; impulsar actividades conjuntas en los tiempos de ocio; favorecer la integración en el deporte o en las excursiones; estar atentos para favorecer el encuentro, el respeto mutuo y el compañerismo entre todos los alumnos.
5. Los cambios que se han propuesto en el funcionamiento de los centros, y en la mejora de los aprendizajes y de las relaciones sociales de los alumnos con necesidades educativas especiales, exige mayores recursos humanos y materiales en los centros de integración. Si bien los profesores están satisfechos con la provisión de maestros de apoyo, consideran que es necesario aumentar su dotación para hacer frente a las dificultades existentes. El Defensor del Menor se hace eco de esta demanda pero advierte de sus posibles riesgos. No debe ser el objetivo educativo aumentar el número de maestros de apoyo para que los alumnos con necesidades especiales estén la mayor parte del tiempo en el aula de educación especial. Se trata, antes bien, de cambiar el funcionamiento del centro para ampliar las experiencias de estos alumnos. En este contexto, la dotación de maestros de apoyo, maestros de taller o de otros profesionales ha de contribuir a una enseñanza más integradora pero con diversidad de opciones para los alumnos. El impulso a la formación de los profesores ayudará también a que la acción educativa se oriente en esta dirección.
6. Los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales y los posibles cambios de centro son motivo de preocupación para un sector significativo de profesores y de profesionales. La negativa experiencia de algunos alumnos al pasar de un centro ordinario en primaria a un centro de educación especial debe ser motivo de alarma y de preocupación. Es preciso a toda costa evitar esta situación. Para ello, se solicita a la Administración educativa y al servicio de inspección que supervise atentamente estos cambios y sólo los autorice cuando exista un informe positivo del equipo psicopedagógico y la aceptación por parte de los padres. Todo cambio de modalidad educativa debe ser meticulosamente analizado y supervisado, y abordado con un periodo de adaptación que evite situaciones traumáticas no deseables. En este sentido, es positivo que los alumnos que van a cambiar de centro visiten previamente su nueva escuela y conozcan a sus futuros compañeros, en consonancia con lo que muchas escuelas de educación especial están realizando. La opinión del propio alumno deberá también tenerse en cuenta.
7. Los alumnos con necesidades educativas especiales integrados en un centro ordinario han solicitado una mayor presencia en su centro de compañeros con problemas semejantes a los suyos. El Defensor del Menor considera que debe existir un equilibrio entre el número de alumnos integrados, beneficioso para sus relaciones sociales, su comunicación y su vida personal, y la calidad de la enseñanza que se les ofrece. Por ello, cree necesario evitar tanto que los alumnos de integración se escolaricen en los centros de forma aislada como que exista un número excesivo. Un número máximo de dos alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad por aula, como establece la normativa vigente, parece ser una opción razonable. La existencia de centros de integración preferente para alumnos sordos y motóricos es una estrategia que debe ser mantenida y reforzada. Debe tenerse en consideración, asimismo, el número de alumnos con otros tipos de necesidades educativas que es también incorporado a las aulas para su integración, de manera que no se produzca una concentración excesiva de alumnos con necesidades especiales.
8. Las opiniones de los diferentes colectivos consultados han apuntado insuficiencias concretas en relación con determinados centros o grupos de alumnos. Los directores de los centros de educación especial han insistido en la importancia de que el servicio de ATS esté siempre en activo y las posibles bajas se cubran de forma inmediata. El equipo específico de sordos ha insistido en la importancia de dotar a los centros de integración de estos alumnos de un mayor número de intérpretes de lengua de signos y de adultos sordos. El Defensor del Menor quiere hacerse eco de estas demandas y trasladarlas a la Administración educativa.
9. La conexión entre los centros educativos y el mundo del trabajo debe situarse entre las prioridades de la Administración educativa y laboral. Es necesario evaluar cómo se está desarrollando la formación profesional de los alumnos con necesidades educativas especiales y su relación con las demandas de empleo. Es preciso al mismo tiempo buscar fórmulas flexibles para la incorporación de técnicos especializados en impartir la formación profesional. Es igualmente necesario reforzar las prácticas en las empresas de estos alumnos mientras cursan la formación profesional. Las opiniones recogidas en el presente informe sugieren la conveniencia de avanzar en una mayor coordinación entre los centros educativos que imparten la FP para estos alumnos, los centros ocupacionales y los centros de empleo. El Defensor del Menor comparte la preocupación de los padres sobre las dificultades que en el futuro tendrán sus hijos para encontrar un trabajo. Una preocupación que está avalada por los datos oficiales: solo una de cada tres personas con discapacidad está trabajando. El Defensor del Menor anima a los poderes públicos a coordinar y reforzar sus actuaciones para resolver esta injusta situación, y a que velen por el cumplimiento de la normativa tendente a garantizar la integración laboral de los discapacitados.
10. Los retos a los que se enfrenta la educación son numerosos. Los cambios sociales y tecnológicos, la presencia creciente de alumnos inmigrantes, la demanda de mejores resultados académicos de los estudiantes, la necesidad de que las escuelas asuman nuevas funciones y la importancia de una mayor conexión entre la escuela y su entorno están exigiendo una atención intensa a la Administración educativa. Existe el riesgo de que ante tantos problemas diversos, disminuya la preocupación hacia la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. El Defensor del Menor llama la atención de este peligro, el de la "invisibilidad" del colectivo, que ha sido detectado también por los profesores, y solicita un esfuerzo redoblado para resolver los problemas que tienen los alumnos y aquellos que viven y trabajan con ellos. El reconocimiento que toda la comunidad educativa manifiesta sobre los progresos realizados en este campo en los últimos años debe servir de estímulo para multiplicar el apoyo a estos alumnos.
Información recogida de la página web del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid: http://www.dmenor-mad.es